Tropos

La semana pasada se dieron a conocer los datos más recientes, correspondientes a este año, del estudio de Latinobarómetro, una encuesta que se lleva a cabo desde 1995, con periodicidad anual y a veces bianual, llegando este año a 23 ediciones.

Una parte central de la agenda de cambios del presidente López Obrador ha sido la reforma electoral. Bajo el argumento de la austeridad (para acabar con abusos y privilegios) y de fraudes en las elecciones (argumentos que no ha probado en ninguno de los dos casos), el presidente y la mayoría oficialista en el Congreso, iniciaron desde abril del 2022 el proceso legislativo para reformar, de forma radical, un marco jurídico e institucional que, en los pasados 30 años nos han garantizado elecciones libres y competidas, y la renovación pacífica del poder político. La primera apuesta, el Plan A, era reformar la Constitución para que, entre otras cosas, las y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral fueran electos por voto popular, se redujeran los recursos a los partidos políticos y se achicara el número de integrantes del Congreso.

Lo ocurrido entre el 27 y el 29 de abril de la semana pasada en el Senado de la República es el punto más álgido, más agudo, de un paulatino proceso de deterioro a las reglas y normas democráticas en el país. Se puede argumentar que dicho proceso de vulneración no haya iniciado en 2018, pero lo que sí inició en ese año, o con la administración actual, desde los circuitos del poder, es la autorización franca, la legitimación incluso, a violentar las reglas del juego democrático (electorales, de gobierno y parlamentarias), a ejercer el poder bajo una lógica, si acaso no siempre, sí esencialmente, arbitraria.

El 13 de abril pasado, a menos de un año y medio de cumplir su gobierno, el presidente de la República, por conducto del secretario de Gobernación, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma legal que la propia propuesta denomina de “simplificación administrativa”. En síntesis, la iniciativa busca la desaparición, fusión e integración a otras instancias de gobierno de 18 organismos públicos de diversos ámbitos, funciones y naturaleza administrativa: siete órganos desconcentrados, ocho organismos descentralizados, un fideicomiso y dos unidades administrativas.

La revocación de mandato es tan añeja como la democracia misma. Hay registros de que en la Antigua Roma se usó una versión de este mecanismo para retirarle el cargo a líderes militares y civiles; aunque en estos casos, la revocación no estuvo sustentada en procesos de consulta popular.

En un agitado cierre de año, el 29 de diciembre del 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una sentencia de implicaciones significativas. La sentencia fue resultado de una impugnación que diversos actores políticos presentaron en contra de la decisión que tomó una mayoría de las y los integrantes del Consejo General del INE sobre la revocación de mandato, ejercicio que está en marcha desde hace semanas (en su etapa de revisión de apoyos ciudadanos y verificación de requisitos constitucionales para llevarla a cabo).

Afectada por un extendido descontento ciudadano con sus magros resultados en bienestar, incendiada por regímenes y líderes que buscan concentrar el poder con la bandera de la voluntad popular y contagiada por una pandemia que sigue desafiando el ejercicio de las libertades, la salud y el futuro de la democracia están en discusión en todo el mundo.

Uno de los argumentos más socorridos para justificar la reducción de recursos presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE) es que constituye uno de los organismos electorales más caros del mundo. Así lo ha expresado el presidente de la república de forma recurrente y otros actores políticos, en el contexto de la discusión presupuestal, entre otros momentos.

La peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás. Así se refería Winston Churchill a la democracia. Y con todo y sus problemas, la democracia como régimen de gobierno y forma de vida, ha venido ensanchando su geografía en el mundo durante los últimos 50 años, aunque no siempre en forma lineal y con varios periodos de grave retroceso. Un crecimiento que da cuenta del talante resiliente de la democracia.

Parece un futuro ya muy lejano, pero había una vez en que el Internet nos iba a dar infinitas posibilidades de crecimiento y desarrollo humano. Acceso ilimitado a información, libertad para opinar y decir lo que quisiéramos, comunicación igualitaria con los poderosos, capacidad de organización, impulso democrático, crecimiento económico insospechado. Todo en un entorno esencialmente colaborativo.

Una forma en la que puede manifestarse y analizarse un entorno polarizado y su reflejo en una elección es cuando, existiendo dos polos político-electorales, una mitad vota por una de dichas alternativas y la otra mitad se decanta por la opción contraria. Quizá el ejemplo más reciente y evidente de esta aparente polarización, expresada en las urnas, es el resultado de la segunda vuelta en la elección presidencial en Perú, el pasado 6 de junio, en la que Pedro Castillo obtuvo 50.2% y Keiko Fujimori alcanzó 49.8% (aunque el resultado oficial definitivo aún está pendiente ante la resolución de impugnaciones presentadas por Fujimori). En sistemas bipartidistas es más probable que, en ciertos contextos, se presenten este tipo de resultados. Pero en los sistemas multipartido la diversidad de opciones distribuye, a veces incluso pulveriza, las preferencias del electorado en varias alternativas y no solo en dos.

En la primera parte de este texto, publicada hace una semana, afirmaba que había al menos cinco argumentos sobre la imposibilidad o alta improbabilidad del fraude en México, concibiendo a éste como un esfuerzo coordinado, sistemático y extendido por burlar e incidir ilegalmente en las elecciones y sus resultados. Tres de esas razones, como lo explicaba hace una semana son: la diversidad y dispersión de los sitios de decisión y organización electoral, la centralización de procesos e instrumentos clave, y la vigilancia y controles constantes en diferentes niveles y etapas. Ahora explico las otras dos razones.

Cuando se afirma que el fraude electoral es imposible en México, lo que se quiere decir es que su ocurrencia como práctica generalizada, sistemática y articulada a niveles extendidos y a favor de un partido y/o candidatura, es imposible. Cuando sucede, si llega a ocurrir, suele ser un evento aislado y por lo mismo relativamente fácil de identificar y con altas posibilidades de ser denunciado y sancionado ¿Cómo se puede afirmar esto? Comparto 5 razones (entre otras posibles) que soportan este argumento. Algunas parecerán obviedades, pero hay que recordarlas porque la amnesia o el desconocimiento no son buenas amigas en estos casos. Por razones de extensión en esta entrega presento tres de las 5 razones, y en la siguiente explicaré las otras dos.

Votar es, esencialmente, elegir entre candidaturas, entre personas y en segundo lugar, entre partidos. Esta es la percepción social predominante sobre lo que supone votar en las democracias actuales. La atención mayoritaria a las y los candidatos en una elección, por encima de partidos, ideas o argumentos, proviene, por un lado, del agudizado proceso de personalización de la política, que lleva ya décadas, y por otro, de la percepción de la competencia electoral como una “carrera de caballos”, como un espectáculo público, casi un performance.

Son 38.2 millones de personas y representan 30.35% de la población total del país (Censo 2020, del INEGI), es decir, son una de cada tres personas que viven y conviven en territorio nacional. A pesar de su abrumador número, de la importancia discursiva que adultos y líderes (y ahora candidaturas) les dan para el futuro y el presente, son escasamente escuchados en sus necesidades, intereses, alegrías y temores.

Los partidos políticos en México viven una época de cambios. Que sea un cambio de época, está aún por verse. El surgimiento de Morena, su fuerza político-electoral y, en particular, los resultados electorales de 2018 y 2019, dan indicios de una transformación en el sistema de partidos. El voto popular rediseñó la correlación de fuerzas políticas. Sin embargo, habrá que ver si cambiará y cómo, la lógica de la representación ciudadana por la vía partidista, lo que implicaría una auténtica transformación.

En muchos espacios de interacción social en el país vivimos una lógica de polarización social, alimentada por años de una latente confrontación, pero también por una narrativa reciente que distingue entre “ellos y nosotros”. Un experimento social ocurrido en el verano de 1954, en Estados Unidos, nos da pistas sobre las dinámicas de ese tipo de narrativa.

La expresión es común entre analistas políticos y especialistas en materia presupuestal: todo presupuesto público es expresión de las prioridades de un gobierno. Ahí se plasma con mayor claridad que casi en cualquier otro instrumento de política qué quiere lograr una administración y cómo quiere conseguirlo.

Tienen presencia constante en nuestra vida cotidiana, con frecuencia divertida e informativa, a veces incómoda y casi siempre distractora. Están ahí, no para todos pero sí para una gran mayoría de personas, acompañándonos para reportar y difundir nuestros gustos, indignaciones, actividades, fastidios y diversiones. Las redes sociales son una de las grandes presencias en la vida pública y privada de nuestra actualidad. Inciden en nuestras percepciones y habrá que estar conscientes de su influencia en nuestros comportamientos, especialmente en sociedades democráticas y en particular en tiempos electorales.

Hay temas de interés público que con el paso del tiempo se vuelven evidentes, asuntos de naturaleza obvia o problemas de solución en apariencia clara. Parecería que así sucede en el caso de la ciencia y la tecnología (CyT), y su contribución al bienestar.